lunes, 27 de junio de 2011

La carta de porte electrónica se puede empezar a utilizar en España desde el próximo 9 de agosto

  Con fecha 15 de junio se ha publicado en el BOE el Instrumento de Adhesión de España al Protocolo Adicional al Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR) relativo a la carta de porte electrónica, hecho en Ginebra el 20 de febrero de 2008, y que ya se viene utilizando con éxito en otros modos de transporte (aéreo, ferrocarril, marítimo, multimodal).

  Dicho protocolo no modifica los artículos actuales del CMR, sino que añade varios nuevos, en total 16, si bien son los primeros (del 1 al 6) los de mayor practicabilidad para los transportistas. Este sistema de documentación presenta ventajas, entre otras, las siguientes:

· La rapidez (ahorro de tiempo con el envío por correo electrónico)
· La seguridad (reduce la posibilidad de errores y falsificaciones)
· De índole económicas: ahorro de dinero ya que el envío electrónico es más barato que el envío físico por correo u otro modo),
· La trazabilidad (por esta vía se podrá ser formalizada toda solicitud de envío, declaración, reserva o anomalía, instrucciones del cargador...
· De tipo medioambiental, al consumir menos papel. 

   El Protocolo fue aprobado el 20 de febrero de 2008 en Ginebra, siendo necesario que fuera ratificado por 5 países. En la actualidad ya está ratificado por 7: Bulgaria, España, Holanda, Letonia, Lituania, R. Checa y Suiza. El 5º país fue Lituania (7 de marzo de 2011), entrando en vigor en estos países el pasado 5 de junio 2011. España lo ratificó el 11 de mayo de 2011, por lo tanto, entra en vigor el próximo 9 de agosto.

miércoles, 22 de junio de 2011

Las pérdidas por impagos suponen para la economía española un “agujero” de 28.630 millones de euros, más de cinco veces la ayuda que España concederá a Portugal

Si la administración pública, empresas y consumidores pagasen todas sus facturas equivaldría a una inyección para la economía española de 28.630 millones de euros, una cifra más de cinco veces superior a la ayuda que España concederá a Portugal, según comunicó la Ministra Elena Salgado el pasado martes 17 de mayo (entre 4.500 y 5.000 millones de euros).

El estudio muestra la evolución del comportamiento de pago de particulares, empresas y administración pública y el riesgo de impago en las operaciones comerciales en 25 países europeos.

Otra de las principales conclusiones es que las pérdidas por impagos siguen aumentando y a mayor ritmo. Así, las pérdidas por impagos de las empresas españolas se sitúan ya en el 2,7%, frente al 2,5% del año anterior. A este aumento contribuye el mal comportamiento de pago que mantienen administraciones públicas y empresas, quienes no han disminuido ni un solo día sus plazos de pago desde la puesta en marcha de la “Ley de Morosidad”.

Plazos de pago en España y Europa
 
En 2011, el plazo medio de pago (acordado + retrasos) en España duplica al europeo. Así, ha pasado de 103 días en 2010 a 106 en 2011, una cifra que en Europa se sitúa en 53 días (frente a los 52 de 2010).
Concretamente, la administración pública española continúa pagando sus facturas en un plazo de pago real de 153 días, el mismo que en 2010; y las empresas han aumentado un día respecto al año anterior sus plazos de pago, hasta los 99 días. Destaca el cambio de tendencia en el comportamiento de pago de los consumidores quienes, lejos de disminuir sus plazos de pago, lo han aumentado un 15%, hasta los 68 días, frente a los 59 de 2010.
Estas cifras muestran la necesidad de legislar también a los consumidores a través de la “Ley de Morosidad” ya que sus impagos o retrasos pueden suponer la diferencia entre que una empresa continúe o no en el mercado”.

Por otra parte, los datos europeos reflejan que la administración pública paga sus facturas en un plazo de 65 días, las empresas en 56 y 40 en el caso de los consumidores; unos datos que, en algunos países, marcan una diferencia de hasta 100 días con España, como ocurre por ejemplo con la administración pública, donde en el caso de Holanda y Reino Unido se paga en un plazo de 47 días vs los 153 días españoles.

Radiografía de una Europa dividida: Reino Unido ocupa el segundo peor puesto del ranking

En Europa, las pérdidas por impagos ascienden a 312.000 millones de euros, una cifra superior a las ayudas concedidas a Grecia, Irlanda y Portugal. Esto se refleja en unas pérdidas por impagos para las empresas europeas del 2,7%, frente al 2,6% del año anterior.
El Índice de Riesgo 2011 muestra una Europa dividida donde “algunos países cada vez lo están haciendo mejor y por el contrario otros cada vez lo hacen peor. Así, el incremento de las pérdidas por impagos en Reino Unido son una clara llamada a combatir los retrasos en los pagos mientras que en el caso de Alemania, que se presenta como la economía más fuerte de Europa, se muestra una reducción del 8% en sus pérdidas por impagos”.
Por su parte, si observamos la evolución en las pérdidas por impagos entre 2010 y 2011 observamos que Grecia es el país con peor progresión con un aumento del 63%, pasando del 3% al 4,9% mientras Francia, Finlandia y Suiza se sitúan en el otro extremo de la tabla.

Las empresas españolas demandan regular a consumidores en la Ley de Morosidad

El Índice de Riesgo 2011 hace también un análisis de la Directiva Europea de lucha contra la morosidad (y la nueva Ley de Morosidad en el caso de España), observando un escaso grado de conocimiento por parte de las empresas europeas, solo 3 de cada 10 (de media, el 72% de las empresas europeas afirman no conocer la directiva Europea ). Sin embargo, las empresas españolas ocupan el primer puesto en cuanto a su conocimiento ya que 8 de cada 10 afirman conocerla (un 84% la legislación española y un 78% la directiva europea); a continuación se sitúan las italianas y francesas. En el extremo opuesto observamos que se encuentran Islandia, Estonia y Finlandia.
Además, más de la mitad de las empresas europeas demandan que se regulen también los plazos de pago de los consumidores; una cifra que asciende hasta el 70% en España. Además, al 91% de las empresas españolas les gustaría que existiese una legislación más sólida que ayude a las empresas a obtener sus pagos a tiempo.

Las empresas no crecen como consecuencia de la recesión global 

El tejido empresarial de toda Europa ha visto resentido su crecimiento; de hecho, las empresas de ninguno de los 25 países analizados han experimentado un crecimiento orgánico como consecuencia de la recesión.
Contrastan las situaciones de países como Grecia y Suecia. Así en Grecia, el 67% de las empresas no han crecido e incluso han reducido sus ventas un 70%. Sin embargo, en Suecia, aunque sin datos positivos, el 21% de las empresas no han crecido y sus ventas han disminuido un 42%.
España se encuentra ligeramente por encima de la media europea que se sitúa en el 45%. Así, el 46% de las empresas españolas no han crecido, han reducido sus ventas un 65% y han invertido en innovación un 44% menos. El principal problema de estas cifras es la pérdida de competitividad que sufrirán las empresas españolas por esta tendencia.

¿Cómo ven su futuro las empresas? 

Otro de los parámetros analizados es el grado de optimismo/pesimismo de las empresas de los diferentes países sobre su futuro. Así, las empresas europeas que prevén que aumentará el riesgo por los impagos los próximos 12 meses duplican las que piensan que se reducirán (32% vs 14%). En España, esta cifra aumenta hasta el 40% vs 13%.

Además, el 40% de las empresas españolas afirman que los retrasos en los pagos representan una amenaza para su propia supervivencia. En el ranking por países, las empresas de Reino Unido son las que sienten más amenazada su continuidad, concretamente el 55%, frente al 11% de las belgas o suizas, siendo la media en Europa del 28%.

Respecto a los problemas de liquidez como consecuencia de la morosidad y los impagos, Portugal es quien señala este aspecto como principal impacto, concretamente un 78% de las empresas frente al 31% de Suecia. En el caso de España, el 77% de las empresas teme un impacto negativo en la liquidez de su empresa. 

“Esta situación hace evidente la necesidad de que el gobierno español haga cumplir cuanto antes los plazos de pago que figuran en la Ley, e incluso si fuese posible sin esperar hasta 2013, cuando termina el periodo de transición de los mismos. Pagar a tiempo supone reactivar el motor de las empresas, la liquidez, algo que se hace cada vez más necesario, especialmente para las PYMES".